Horacio Erik Avilés Martínez*
Lograr trayectorias educativas completas es una altísima misión que debe alcanzar el sistema educativo estatal. En ello estriba, en buena medida, el futuro de nuestra nación y la sostenibilidad de nuestra sociedad.
Nos referimos a trayectorias educativas completas cuando las niñas y niños logran cursar todos los grados escolares a que tienen derecho en el sistema educativo nacional: es decir, recibir educación inicial, cursar el preescolar, la primaria, la secundaria, el bachillerato o carrera técnica bivalente, así como una carrera universitaria. Por supuesto, lo idóneo es que todo esto se logre sin perder años, sin salir jamás del sistema educativo, porque está demostrado que quienes lo abandonan, difícilmente regresan.
A pesar de que es tan importante este alto objetivo, el lopezobradorato acumuló una gran deuda con las niñas, niños y jóvenes de México, al no acertar ni a diseñar, ni a ejecutar medidas que realmente garantizasen sus derechos a estar, a aprender y a participar en las escuelas. La permanencia en el sistema educativo nacional no fue una prioridad, y las estadísticas ahora así lo ratifican.
Es de hacer notar que, durante el sexenio anterior, no se incrementaron los casos de egreso de licenciatura significativamente, pues de cada 100 estudiantes que ingresan a primero de primaria, la tasa de egresos de educación superior se mantuvo apenas entre 27 en el primer año del sexenio pasado y 28 al finalizar, de acuerdo con las propias cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Es decir, el incremento de 27 a 28 estudiantes egresados de licenciatura es marginal, prácticamente inercial, ni siquiera puede calificarse como resultado de esfuerzo gubernamental alguno, porque simplemente no hubo una política pública destinada para tales efectos.
Esta es una situación crítica, ya que las políticas públicas federales y estatales no están apuntando hacia la eficiencia terminal de nivel educativo alguno; mucho menos, hacia lograr trayectorias educativas completas, desde educación inicial hasta educación superior. Aquí mismo en Michoacán, no contamos con una meta específica al respecto en el Plan Estatal de Desarrollo Integral 2021-2027, por lo que tampoco está reflejada la meta en el presupuesto basado en resultados de ninguno de los ejercicios anuales ya transcurridos, ni tampoco en el recientemente aprobado presupuesto de egresos para el 2025.
Particularmente, se debe atender a la juventud para evitar que trunquen sus trayectorias educativas. Las cifras revelan que es necesario blindar a los jóvenes egresados de secundaria, para que logren ingresar al bachillerato, concluirlo e inscribirse a una carrera universitaria, ya que es en esta parte de las trayectorias donde se presentan los peores indicadores de abandono escolar y falta de absorción. Urgen políticas públicas que arropen a las juventudes mexicanas en el ejercicio de sus derechos educativos.
Cuando se revisa la tasa de egreso nos encontramos con que una vez más se trata de las mismas entidades federativas históricamente abandonadas por las políticas públicas de desarrollo humano, donde muy poco o nada se hace para la reversión de la situación de pobreza y marginación. Análogamente, no es casualidad que los estados que obtienen mejores resultados tienen más presupuesto, más recaudación, más riqueza o más transferencia de recursos federales para sus sistemas educativos.
No es casualidad la coincidencia: es sabido que, de acuerdo con estudios nacionales e internacionales, las principales causas de la ruptura de trayectorias educativas están correlacionadas con las circunstancias socioeconómicas. Ahí es en donde se tiene que romper la inercia y establecer medidas contracíclicas que reviertan el daño que la inequidad, la pobreza y la marginación generan en quienes ven sus derechos educativos violentarse.
Es de subrayarse que, el impacto de programas de apoyos sociales, becas y demás transferencias directas no manifiestan la incidencia que se esperaría, a partir del discurso oficial. Al no estar imbricadas estas dádivas con la permanencia en el sector educativo, ni etiquetadas para generar condiciones de sostenerse dentro de las escuelas, el dinero no contribuyó mayormente a salir adelante en estos indicadores educativos.
Es momento de repensar la transferencia de apoyos sociales para ahora sí conectarlos con la política social y la educativa.
Así también, está la ventana de oportunidad de generar políticas públicas, metas e indicadores respecto a la permanencia en el sistema educativo, mejorando la tasa de absorción de los niveles educativos superiores y abatiendo el abandono escolar.
El caso de Michoacán sigue siendo emblemático, por encontrarse entre los estados tanto con mayores índices de pobreza y violencia, como a la vez con los menores índices de egreso de una carrera universitaria, con apenas 20 de cada 100 estudiantes que inician primer grado de primaria.
Al respecto, es importante señalar que los peores resultados los generan estados como Chiapas, donde de cada 100 estudiantes apenas 12 concluyen una carrera universitaria; seguidos por Oaxaca con escasos 13 egresados; después Guerrero, con apenas 16; el estado de Veracruz, con 17; y Michoacán, con los 20 mencionados.
Ante este reto de semejante magnitud, se ve muy complicado que, mediante la entrega de tenis en secundaria, la repartición de libros en bibliotecas o la construcción de teleféricos como medidas que se convirtieron en la impronta del actual sexenio en materia educativa, se pueda revertir el flagelo del abandono escolar que sitúa a Michoacán en los últimos lugares en el rubro, en educación secundaria, media superior y superior. Lo anterior, principalmente por no contarse con estudios diagnósticos que demuestren con evidencias basadas en el método científico la relación causal entre invertir en las tres medidas anteriormente citadas y lograr mayor permanencia escolar y tasa de egreso de los estudiantes.
Es necesario contar con esta clase de estudios para poder culminar exitosamente la etapa de diseño de toda política pública, para que sea efectiva y de alto impacto, evitando que se catalogue como un acto de autoridad que dispendie recursos públicos y esperanza, afectando los destinos de más de un millón 260 mil estudiantes, sus maestros y sus familias.
El costo de oportunidad de no lograr que nuestras niñas, niños y jóvenes cuenten con una carrera universitaria es altísimo, inconmensurable y trágico: aquellos quienes no cuentan con elementos suficientes como para poder ganarse el pan con el sudor de su frente están condenados vitaliciamente a mendigarlo o a arrebatarlo.
La primera falsa salida los sitúa en el oportunismo, en la comodidad de vivir de dádivas gubernamentales o privadas y en la desesperación que genera la incertidumbre. El segundo camino es aún peor: porque los encamina por el sendero que la delincuencia organizada ha trazado para ellos, en donde prácticamente toda la perversa cadena de negocios se alimenta o incluso se combate con salud, sangre y vida de jóvenes.
Es decir, tanto los muertos del sicariato como de las fuerzas armadas del orden público son indefectiblemente jóvenes, así como todos los que participan en la distribución y consumo de drogas.
Seguir pensando que el sector educativo está desvinculado de los fenómenos delincuenciales es simplón, parcelario y reduccionista: es necesario abarcar la situación desde una perspectiva integral, en la cual la formación de las niñas, niños y jóvenes alcance el primer nivel de prioridades en materia de políticas públicas. No hacerlo nos significará seguir sumidos no solamente en la pobreza, la desigualdad, el estancamiento en materia de desarrollo y la falta de competitividad, sino en un estado de violencia delincuencial, ingobernabilidad y estado fallido inaceptables.
Lograr centrar las políticas públicas en la educación, comprendida como la columna vertebral del porvenir de las generaciones en formación, debe ser la impronta de un régimen de izquierda, que asume su sexenio como “el de la educación” y cuya titular del poder ejecutivo federal desea ser recordada como “la presidenta de la educación” cuando concluya su mandato.
Claudicar a forjar trayectorias completas en cada niña, niño y joven equivale a entregar la rectoría del estado mexicano al acaso, a las fuerzas oscuras que pugnan por parasitar nuestro destino y emplear la vida, sueños, esfuerzo y salud de nuestros hijos para enriquecerse sin importarles consecuencia alguna.
El gobierno del estado, a través de sus funcionarios, debe asumir su altísima responsabilidad de liderazgo para que los discursos e intenciones, nuevos planes y programas se transformen en realidades concretas que revolucionen las condiciones de vida de los estudiantes, los maestros y sus familias.
La historia del sistema educativo michoacano está llena de lecciones respecto a que perderse en ocurrencias, en simulaciones, en acumular, perpetuarse y transmitir el poder, en enriquecerse, en actos de corrupción, en la vanagloria, en comprar voluntades, en soñar con ser candidatos en la próxima elección, en repartir cuotas de poder para generar gobiernos de composición, en discursos autorreferidos, en aplausos solipsistas y egotistas no lleva absolutamente a puerto alguno.
Es el camino de garantizar los derechos constitucionales a estar, aprender y participar de todas las niñas, niños y jóvenes michoacanos el que logra echar raíces profundas, tejidas comunitariamente, forjar instituciones y entramados de gobernanza sólidos para brindar frutos generosos mensurables en historias de vida e indicadores de prosperidad con largo aliento.
Por ello, antes de cerrar este 2024, es momento de elevar la ética del equipo de trabajo. Esperemos que estos tiempos de reencuentro sirvan para la reflexión sobre el camino andado a quienes tienen responsabilidades educativas públicas y puedan resignificar y valorar la inmensa oportunidad que tienen de servir como nunca antes alguien lo ha hecho a un aspecto tan olvidado y abandonado, pero tan trascendente y estratégico como es el sistema educativo michoacano, especialmente el de sostenimiento público y ubicado en comunidades marginadas.
Particularmente, sería una extraordinaria y grata sorpresa para el sistema educativo michoacano contar con políticas públicas que se lanzaran al inicio de 2025 mediante las cuales se impulse lograr trayectorias educativas completas para todas las niñas, niños y jóvenes en la entidad federativa.
Estamos a tiempo. Que así sea.