Situación en El Salvador: Desarrollo del Régimen de Excepción

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, solicitó el 27 de marzo de 2022 la declaración del régimen de excepción tras un fin de semana marcado por la violencia, que resultó en más de 50 personas asesinadas por pandillas. Dos años después, con las medidas excepcionales en vigor, la criminalidad ha disminuido considerablemente, aunque persisten preocupaciones entre las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos respecto a las repercusiones de esta medida.

Bukele, respaldado por su mayoría parlamentaria, ha logrado renovar sucesivamente las medidas excepcionales solicitadas. Recientemente, la Asamblea Legislativa aprobó la vigesimocuarta prórroga, extendiendo así la vigencia del régimen al menos hasta mediados de abril, sin vislumbrarse una finalización a corto plazo.

El presidente destacó esta semana el despliegue de 5,000 policías y un millar de soldados en cuatro zonas específicas, en respuesta a dos homicidios en la zona norte. Bukele afirmó en redes sociales que El Salvador es actualmente “el país más seguro” de América Latina y reiteró su compromiso de erradicar por completo las pandillas.

Aunque el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, reconoció que aún hay entre 18,000 y 20,000 pandilleros pendientes de captura, el Gobierno ha realizado más de 75,000 arrestos. Sin embargo, se ha señalado un margen de error en estas detenciones masivas, estimado en 6,000 a 7,000, según el vicepresidente Félix Ulloa.

A pesar de la reducción de la delincuencia, la ONU ha expresado preocupación por los excesos cometidos por las autoridades y las fuerzas de seguridad salvadoreñas. Se han reportado casos de detenciones de menores de edad, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y muertes bajo custodia. Amnistía Internacional ha registrado más de 78,000 detenciones arbitrarias y al menos 235 muertes bajo custodia, con una población carcelaria que supera el 148% de la capacidad, a pesar de la construcción de una nueva prisión.

Las llamadas a la moderación han aumentado desde la reelección de Bukele en febrero. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha instado al presidente salvadoreño a respetar el Estado de derecho y garantizar la separación de poderes. Amnistía Internacional ha advertido sobre la falta de contrapeso interno y la respuesta limitada de la comunidad internacional ante posibles abusos.

El mensaje de Bukele ha resonado en otras partes del hemisferio occidental, con varios candidatos electorales prometiendo medidas similares para abordar la delincuencia. Sin embargo, se ha señalado que reducir la violencia de las pandillas mediante violencia estatal no puede considerarse un éxito. Amnistía Internacional ha instado a políticas integrales y respetuosas de los Derechos Humanos, así como a soluciones a largo plazo, para evitar el aumento de la persecución de las voces críticas.