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Maestros Michoacanos: Dignidad, lucha y esperanza

Horacio Erik Avilés Martínez*

El magisterio michoacano representa uno de los pilares fundamentales del sistema educativo mexicano, caracterizado por su tradición de lucha social y su compromiso con la transformación de la realidad a través de la educación.

Los maestros michoacanos conforman un grupo diverso y complejo, integrado en su gran mayoría por profesionales de la educación con diferentes orígenes, formaciones y trayectorias. Sin embargo, comparten elementos identitarios que los cohesionan como colectivo, como su origen social, ya que, predominantemente, los docentes michoacanos provienende estratos populares, así como su ingreso salarial de apenas dos salarios mínimos en promedio, los estaciona en este segmento socioeconómico, hecho que, aunado al trato constante con estudiantes y familias de clases marginadas, marca indeleblemente su sensibilidad hacia los problemas sociales.

El malestar docente en Michoacán tiene múltiples dimensiones, como las económicas, con insuficiencia salarial, pagos retrasados, falta de seguridad social integral; laborales, con sobrecarga administrativa, inestabilidad en contrataciones, falta de transparencia en procesos de asignación y promoción; pedagógicas, como son la imposición de modelos educativos sin contextualización, materiales educativos inadecuados, evaluaciones descontextualizadas, entre otras; profesionales, como la falta de reconocimiento social, escasas oportunidades de desarrollo profesional significativo e institucionales, como el uso faccioso del magisterio como trampolín político, corrupción percibida en las estructuras educativas, clientelismo, autoritarismo, entre otras.

Sin duda, el malestar docente tiene raíces profundas que van más allá de las demandas específicas, como son la precarización histórica de la profesión docente, que pasó de ser una carrera de movilidad social a una profesión cada vez menos valorada económicamente, así como la intensificación del trabajo docente, con un porcentaje cada vez mayor de horas de trabajo formalmente reconocidas y pagadas, la pérdida de autonomía profesional frente a sistemas de control administrativo cada vez más invasivos y la desprofesionalización percibida a través de reformas que, según muchos docentes, desconocen la complejidad del acto educativo.

Sin duda, este malestar representa la manifestación de una contradicción prácticamente insalvable entre la retórica oficial sobre la trascendencia de la educación, el discursado papel prometeico del magisterio y la precaria realidad material en que se pretende desarrollarla.

Este quince de mayo observamos que, las movilizaciones magisteriales han trascendido las entidades donde tradicionalmente tiene presencia la disidencia magisterial. En estados que no suelen registrar protestas, como Yucatán, se han presenciado manifestaciones significativas exigiendo mejores condiciones laborales y el respeto a derechos adquiridos. Este fenómeno refleja un malestar generalizado que trasciende afiliaciones sindicales específicas.

Por supuesto, en Michoacán, la tradición de lucha magisterial tiene raíces profundas, por lo que el estallido de un paro indefinido es previsible y seguramente, no transparentado por la autoridad, que no ha acertado a establecer, con todas sus letras, una política pública magisterial, paralela y transversal a la política educativa estatal, la cual tampoco se acierta a discernir.

Al respecto, veamos algunos datos interesantes: 1. Las acciones de justicia laboral, cuantificadas en dieciséis mil, en caso de que fuesen ciertas, solamente motivan a una de cada 100 personas beneficiadas a manifestar apoyo públicamente a las autoridades educativas en la red social Facebook, descontando al personal de confianza y de estructura, el cual se manifiesta repetidamente al respecto.

2. El pago puntual de las quincenas, repetido durante 87 ocasiones consecutivas según comunicados oficiales, ha generado aproximadamente dos reacciones positivas por publicación en redes sociales oficiales.

3. En las felicitaciones por el Día del Maestro 2025, revisando a los titulares de la política educativa de este siglo en la entidad, quien obtuvo más reacciones en la red social Facebook fue un extitular de la SEE de la administración anterior, superando las interacciones obtenidas por mensajes de la administración actual.

La conclusión es contundente: los trabajadores de la educación en Michoacán saben distinguir entre un beneficio real y tangible y el simple cumplimiento de obligaciones patronales básicas. Podemos afirmar categóricamente que, el magisterio michoacano ha desarrollado una cultura crítica que le permite diferenciar entre políticas sustantivas y acciones mediáticas, lo que explica la limitada resonancia de ciertos mensajes institucionales.

Paralelamente, los instrumentos de planeación para el desarrollo educativo deben reformularse bajo principios de constitucionalidad, legalidad y legitimidad que definan el sentido, rumbo y magnitud de la política pública. Al respecto, debe ser muy claro que la política pública magisterial debe concebirse como un capítulo transversal a la política educativa en general. No hay educación sin maestros, y mucho menos puede haber transformación educativa sin la participación y comprometida del magisterio.

Sin duda, debe existir un apartado específico en los programas sectoriales de educación que aborde el rezago histórico en la generación de condiciones para el ejercicio digno y pleno de la vocación magisterial. Esto implica que el diseño metodológico de estos instrumentos de planeación mejore radicalmente, con consultas verdaderamente participativas y no simuladas, tomando en cuenta a los actores educativos y acercándose a expertos en la materia.

Reconocer las circunstancias en las cuales laboran los trabajadores de la educación michoacana implica asumir la complejidad de su tarea: desarrollan su labor en contextos frecuentemente adversos, con recursos limitados, enfrentando expectativas sociales crecientes y bajo presiones múltiples.  El magisterio michoacano no puede seguir siendo evaluado y compensado bajo parámetros que ignoran las condiciones reales en las que ejerce su profesión.

Como señala Paulo Freire: “El educador ya no es solo el que educa sino aquel que, en tanto educa, es educado a través del diálogo con el educando, quien, al ser educado, también educa”. Esta bidireccionalidad debe extenderse a la relación entre docentes y sistema educativo y entonces, los funcionarios deben también educarse, haciendo política educativa, con y a través del magisterio, para el desarrollo pleno de las infancias y juventudes en la entidad.

No podemos seguir pensando en que los maestros del mañana trabajen bajo esquemas del pretérito ni en condiciones atávicas. Solo la educación de excelencia transforma a Michoacán, y sus líderes naturales son las y los maestros michoacanos. La calidad educativa no puede concebirse como un estándar abstracto desvinculado de las realidades locales, sino como un proceso de mejora continua contextualizada. Sin el magisterio, jamás podremos revertir el rezago educativo que afecta a Michoacán.

Las brechas solo pueden cerrarse con un cuerpo docente reconocido, valorado y apoyado institucionalmente. No puede existir un sistema educativo de excelencia, como lo dice el Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde su reforma de 2019, mientras haya docentes precarizados, y no habrá forma alguna de implementar una verdadera transformación educativa posible sin la participación comprometida del magisterio.

El Día del Maestro no puede limitarse a una celebración ceremonial desvinculada de las realidades y desafíos que enfrenta el magisterio michoacano. Es momento de trascender la retórica y avanzar hacia acciones concretas. Veamos estas 15 propuestas en el marco del 15 de mayo:

1. Para las autoridades educativas, es imperativo, de una vez por todas, definir y desarrollar una política pública magisterial integral, con participación efectiva de los docentes en su diseño, implementación y evaluación. Esto requiere presupuestos suficientes, transparentes y oportunos, así como mecanismos efectivos de diálogo horizontal.
2. El reconocimiento al magisterio debe ir más allá de discursos. Implica valorar su labor cotidiana, comprender la complejidad de su tarea y apoyar demandas legítimas por mejores condiciones laborales que, en última instancia, benefician a toda la comunidad educativa.
3. Así también, la representación legítima de los intereses docentes requiere transparencia, democracia interna y capacidad propositiva. La unidad en la diversidad debe ser un principio orientador para fortalecer la voz colectiva del magisterio.
4. Paralelamente, la responsabilidad histórica de formar a los maestros del futuro exige actualización permanente, vinculación con la realidad escolar y compromiso con una educación transformadora.
5. Se debe de arropar y alimentar institucional, gubernamental y socialmente el orgullo por la profesión docente y la conciencia de su papel social, por ser fundamentales para mantener la dignidad magisterial ante condiciones adversas en las que nos encontramos. La formación continua, la organización colectiva y la vinculación comunitaria son herramientas clave para fortalecer su papel como agentes de cambio.
6. Es necesario realizar una dignificación salarial y laboral, al establecer una política de recuperación del poder adquisitivo del salario docente, con un incremento gradual hasta alcanzar, en un plazo máximo de cinco años, una remuneración equivalente a 3 salarios mínimos profesionales para la plaza inicial.
7. Análogamente, implementar un programa específico de protección para docentes en zonas de alto riesgo, que incluya protocolos de actuación, mecanismos de alerta temprana y apoyo psicosocial.
8. También, destinar al menos el 10% del presupuesto educativo estatal a un fondo específico para mejoramiento de infraestructura escolar, con prioridad en zonas de alta marginación y redireccionar el Impuesto sobre la Nómina Estatal para tales efectos, como ya lo hace Jalisco.
9. Es imprescindible contar con formación pertinente y significativa, al reformular los programas de formación continua con participación docente efectiva en su diseño, implementación y evaluación, garantizando su relevancia y aplicabilidad.
10. Es urgente lograr la reducción de la burocracia educativa y simplificar procesos administrativos para que los docentes puedan dedicar al menos el 80% de su tiempo laboral a tareas pedagógicas directas.
11. Es inaplazable que la conectividad sea considerada como un derecho educativo y, con ello, garantizar acceso a internet de banda ancha en todas las escuelas del estado en un plazo máximo de tres años, priorizando comunidades actualmente desconectadas.
12. También, se debe logar autonomía profesional responsable, dotada de recursos y herramientas, para reconocer presupuestal y formalmente la capacidad de los colectivos docentes para adaptar contenidos y metodologías a sus contextos específicos, con acompañamiento no punitivo y las mejores condiciones posibles.
13. Es perentorio asegurar la participación efectiva del magisterio en políticas educativas, por lo que se deben crear mecanismos vinculantes de consulta y participación docente en el diseño, implementación y evaluación de políticas educativas estatales.
14. Es ya una exigencia la necesidad de contar con atención integral a la salud magisterial, por lo que se debe de establecer un programa específico de prevención y atención a la salud física y emocional del magisterio, reconociendo los riesgos profesionales específicos de la docencia.
15. Así también, debe haber una campaña permanente de revalorización social de la profesión docente, que destaque su contribución fundamental al desarrollo estatal y recupere la memoria histórica del magisterio michoacano. Hay miles de historias y héroes que deben ser visibilizados, porque son ejemplares. Michoacán merece, más que prohibiciones y marcos punitivos, legislaciones que hagan apología de la ejemplaridad, la cual encontramos a raudales en el magisterio y entre las familias michoacanas.

Estas quince propuestas representan no solo aspiraciones, sino derechos fundamentales para el ejercicio digno de la profesión docente. Su implementación requiere voluntad política, presupuestos adecuados y, sobre todo, el reconocimiento de que la transformación educativa de Michoacán solo será posible con maestras y maestros valorados, respetados y empoderados como los verdaderos artífices del cambio social a través de la educación.

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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C