Encuentran Irregularidades Financieras en la Administración del INE

Durante una sesión en la Cámara de Diputados, el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Luis Osvaldo Peralta Rivera, presentó preocupantes hallazgos sobre presuntas irregularidades financieras que involucran una cifra superior a los 400 millones de pesos durante la gestión de Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del organismo electoral.

Estas revelaciones, que fueron expuestas ante la Comisión de Vigilancia, indican que la Contraloría del INE ha detectado una serie de acciones cuestionables, dando lugar a diversas denuncias en curso contra lo que se describió como “los más altos funcionarios” del instituto.

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Pablo Angulo Briceño, resaltó que estas presuntas irregularidades podrían estar relacionadas con el arrendamiento de vehículos durante la administración previa, aunque la confidencialidad de las investigaciones limita la información precisa sobre quiénes están bajo escrutinio.

“En un aproximado se habló de 400 millones de pesos en la gestión anterior del INE, que no sólo no está transparente y opaco, sino que ya se está resolviendo en los tribunales respectivos. Las sanciones respectivas en los tribunales pueden ser inhabilitaciones definitivas de los funcionarios hasta por 10 años, lo que es una sanción administrativa grave. También tenemos conocimiento que el contralor ha presentado denuncias contra ex funcionarios del INE, pero no sabemos (contra quiénes), porque se mantuvo un tema de la secrecía, pero habló de los más altos funcionarios del INE”, dijo.

Se ha subrayado que, aunque las supuestas irregularidades se remontan a la administración anterior, actualmente se están llevando a cabo auditorías exhaustivas para la gestión actual encabezada por Guadalupe Taddei Zavala. El propósito principal es salvaguardar la integridad y la transparencia del Instituto Nacional Electoral.

Se ha sugerido que las sanciones resultantes de estas investigaciones podrían ser severas, incluida la inhabilitación de funcionarios por hasta 10 años en casos de graves violaciones administrativas. Además, se ha informado que el INE ha presentado denuncias ante la Fiscalía General Anticorrupción contra exfuncionarios del organismo electoral.